El debate acerca de las prácticas abortivas se desarrolla en un marco jurídico de prohibiciones y legitimaciones en pugna: mientras en algunos países como Chile y Nicaragua se condena el aborto sin posibilidad de excepciones, en otros, las leyes contemplan la figura de “aborto terapéutico” como único caso donde la intervención médica puede practicarlo. Las razones de esta excepción varían según las legislaciones: en Argentina o Uruguay, por ejemplo, el aborto se permite por razones de salud física y mental; Gran Bretaña o Japón son países donde las razones sociales son contempladas como causales de aborto. En estos casos, el aborto constituye una medida drástica cuya única justificación es evitar una muerte.
Según estimaciones de la OMS, se realizan aproximadamente 50 millones de abortos por año en el mundo, casi la mitad de ellos, de manera clandestina. Según estas estadísticas, cada ocho minutos una mujer muere debido a prácticas abortivas ilegales en países desarrollados. El dato es más crudo aún si se refiere a casos particulares: en Argentina se practican unos 500.000 abortos clandestinos anualmente y provocan la muerte de una mujer cada tres días (más de un tercio de la mortalidad materna anual).
Actualmente, diversas organizaciones exigen la despenalización del aborto. Son fundamentalmente voces femeninas las que llevan adelante esta lucha. El fundamento que ampara su acción es preservar la vida de mujeres que sin capacidad económica, social o física, se constituyen en potenciales víctimas de abortos clandestinos.
